El domingo 3 de abril la Oficina del Asesor Legal Principal de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE-OPLA), emitió un memorando donde anuncia que otorga poderes discrecionales especiales a los fiscales (abogados) de la agencia para que “actúen favorablemente en los casos de inmigrantes a quienes el gobierno no considera una prioridad de deportación”.
La medida puede favorecer hasta unos 700,000 extranjeros con casos de deportación activos en la Corte de Inmigración (EOIR), equivalente al 40% de los 1.7 millones de expedientes acumulados. Pero también proporciona un nuevo argumento a los republicanos para seguir demandando la política migratoria de Joe Biden bajo el mismo alegato: está cambiando la ley de inmigración fuera del debido proceso legislativo.
Sin embargo, el otorgamiento de estos poderes temporales es facultad del Ejecutivo. Y al igual que lo usa Biden, el expresidente Donald Trump también lo empleó durante su gobierno: implementó su política de tolerancia cero con más de 400 memorandos y órdenes ejecutivas.
Si nada detiene los planes de la Casa Blanca, las nuevas facultades entrarán en vigor el 25 de abril, un mes antes del retiro del Título 42 en la frontera con México, la cuestionada política que ha permitido al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desde marzo del 2020 la deportación acelerada de unos 2 millones de extranjeros por razones de seguridad sanitaria debido a la pandemia.
Información de Univision
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