Por orden del gobernador republicano, Greg Abbott, Texas está reubicando a reclusos de una prisión en el sur del estado con el fin de hacer espacio para encarcelar allí a los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera, según anunció este jueves el Departamento estatal de Justicia Criminal.
El departamento dijo que comenzó este miércoles a transferir a otras prisiones a los reos de la Unidad Dolph Briscoe, una cárcel de seguridad media localizada en la ciudad de Dilley, a unas 70 millas (113 kilómetros) al suroeste de San Antonio. La prisión puede albergar a 1,384 personas.
“Texas continúa lidiando con un número significativo de personas que cruzan la frontera de forma ilegal”, dijo su portavoz, Jeremy Desel, “con el fin de abordar la crisis actual, el gobernador está destinando recursos estatales para arrestar y confinar a aquellas personas que cruzan la frontera ilegalmente y que han cometido un delito estatal o federal”.
En la ciudad de Dilley ya existe un centro de detención de familias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), con capacidad para 2,400 personas, incluidos niños.
Esta decisión de Abbott forma parte de su operación anti-inmigración denominada Estrella Solitaria, que anunció en marzo en un esfuerzo para reforzar la seguridad fronteriza y combatir el tráfico de personas y de drogas, según defendió el gobernador.
El anuncio del traslado de prisioneros se produce solo un día después de que el gobernador comunicara que utilizará 250 millones de dólares de fondos estatales y financiación donada por ciudadanos a través de internet para levantar un muro con México en Texas, a pesar de que el presidente, Joe Biden, ordenó la suspensión de las obras en la frontera inmediatamente después de llegar a la Casa Blanca en enero.
Abbott, quien busca reelegirse en 2022 y podría ser uno de los aspirantes a la Casa Blanca en 2024, también dijo que le pedirá al Gobierno federal que devuelva los terrenos expropiados para el muro y los entregue a residentes privados que puedan permitir la continuación de las obras a nivel estatal.
Es posible que el Gobierno impugne la decisión del republicano en las cortes, pues la Corte Suprema ha dejado claro que la facultad de aplicar la ley de inmigración es una competencia federal.
Desde que Biden asumió el cargo, el gobernado ha tomado medidas de mano dura contra la inmigración, incluidas el envío de más agentes de la policía estatal y de miembros de la guardia nacional a la frontera.
Para ello, también ha pedido ayuda a otros estados republicanos. El miércoles, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que enviaría elementos de las fuerzas de seguridad pública a Texas y Arizona, donde su colega republicano, el gobernador Doug Ducey, también ha pedido ayuda para “responder a la crisis en la frontera”.
Los cruces ilegales han crecido sostenidamente desde abril de 2020, después de que el entonces presidente, Donald Trump, se escudara en las restricciones asociadas a la pandemia de coronavirus para negar a la mayoría de los migrantes la posibilidad de solicitar asilo.
La tendencia se ha acelerado más bajo la actual Administración, que derogó con rapidez muchas de esas políticas fronterizas más duras. Solo en mayo, la Oficina de Aduanans y Protección Fronteriza registró más de 180,000 aprehensiones en la frontera, un récord por tercer mes consecutivo.
La vicepresidenta, Kamala Harris, visitó Guatemala y México a inicios de junio, como encargada de la Casa Blanca, para atajar las causas de raíz de la inmigración y, sobre todo, mandar un mensaje a los migrantes por el que fue criticada: “No vengan [a Estados Unidos]”.
Con información de The Associated Press vía Telemundo
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