El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) abre una esperanza para miles de inmigrantes indocumentados deportados durante el gobierno del presidente Donald Trump, debido a que pudieron ser injustas.
Marsha Espinosa, portavoz de esa dependencia dijo a The Marshall Project, una organización periodística sin fines de lucro, que miles de casos de más de 900,000 deportaciones serán evaluados.
“(El Gobierno) está comprometido a revisar los casos de personas cuyas remociones bajo la administración anterior no cumplieron con nuestros valores más altos”, dijo Espinosa.
Quiénes podrían beneficiarse
No existe un listado final, pero la funcionaria del gobierno del presidente Joe Biden y el reporte periodístico señalan al menos cuatro tipos de inmigrantes cuyos casos serían evaluados:
1. ‘Dreamers’.- Se contemplarían los casos de jóvenes inmigrantes que fueron excluidos de las protecciones bajo el Programa para los Llegados en la Infancia (DACA), en medio de los esfuerzos de la Administración Trump para cancelar ese programa.
2. Veteranos.- Casos de familias de militares y veteranos tendrían una segunda opirtunidad. De hecho, hay una nueva guía sobre el retorno de quienes sirvieron en el Ejército y fueron deportados.
3. Acción represiva.- El DHS también evaluaría el caso de inmigrantes que acusaron abusos de ICE, como el caso de Claudio Rojas, un inmigrante argentino que inició un movimiento en una prisión migratoria en Florida y cuya historia fue contada en un documental, pero fue deportado durante el estreno de la película.
4. Personas casadas.- Los lazos familiares y comunitarios son elementos importantes en las actuales políticas migratorias, por lo que también aquellos extranjeros casados con estadounidenses, pero fueron deportados serían considerados para un posible retorno.
“Si el sistema de revisión es efectivo, muchas más personas podrían postularse (para el retorno)”, reconocieron autoridades.
La Administración Biden estableció para Inmigración y Control de Aduanas (ICE) nuevas prioridades de deportación enfocadas a quienes tienen récord criminal o representan una amenaza a la seguridad del país.
También los fiscales de esa agencia tienen guías para aplicar su discreción en casos a los que pondrán atención.
Información de La Opinión.
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