Un grupo de ocho estados, encabezados por Texas, desafió en una corte un programa del gobierno de Joe Biden implementado en marzo del año pasado que permite a inmigrantes que viven legalmente en Estados Unidos pedir a sus hijos en calidad de refugiados procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras.
La demanda es la novena en su tipo derivada de la crisis en la frontera y la vigésima acción legal desde el día en que Biden tomo el control de la Casa Blanca el 20 de enero de 2021, dijo el procurador general de Texas, Ken Paxton, en un comunicado.
Los demandantes, todos republicanos, alegan que el Programa de Refugiados y Libertad Condicional para Menores Centroamericanos (Central American Minors o CAM en inglés), proporciona a ciertos extranjeros en Estados Unidos “la capacidad de obtener un estatus de protección después de ingresar ilegalmente al país”.
“Luego, los extranjeros pueden solicitar al gobierno que traiga a miembros de la familia extendida de Honduras, El Salvador o Guatemala. No hay autoridad en la ley federal para este tipo de programa”, dice el comunicado.
Además de Texas, la demanda fue presentada por los procuradores generales de Arkansas, Alaska, Florida, Indiana, Missouri, Montana y Oklahoma.
‘Tolerancia cero’
Los estados demandantes han presionado a Biden desde que arrancó su mandato para impedir la eliminación de la mayor parte de las medidas implementadas durante el gobierno de Donald Trump en el marco de la política de ‘tolerancia cero’.
En sus cuatro años de gobierno Trump, en uso del poder Ejecutivo, emitió más de 400 órdenes ejecutivas y memorandos que cambiaron la política migratoria y afectaron seriamente el debido proceso migratorio.
La lista de modificaciones incluyó, entre otros, severas restricciones a la política de asilo (un recurso legal disponible autorizado por el Congreso), la implementación de un agresivo programa de separaciones forzadas en la frontera con México, un aumento en las redadas, la aceleración de deportaciones, el incremento del número de detenciones de indocumentados, y el haber decretado que la presencia indocumentada era una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.
Desde que llegó a la Casa Blanca hace poco más de un año, Biden ha revertido la mayoría de las políticas de su antecesor, pero una de ellas, el Programa de Protección de Migrantes (MPP), una de las más controversiales, fue desafiada en las cortes por los republicanos y restablecida en diciembre.
El MPP devuelve a México a inmigrantes que piden asilo, quienes deben esperar allí la resolución de sus casos en tribunales estadounidenses.
Detalles de la demanda
Los demandantes alegan en la demanda que los extranjeros que sean parientes calificados de ciudadanos estadounidenses o de residentes permanentes “a menudo esperan años o décadas para inmigrar legalmente a Estados Unidos”. Y que durante el largo proceso se someten a verificaciones de antecedentes y papeleo, todos ellos creados por el Congreso.
Por el contrario, señalan, “los extranjeros ilegales no tienen derecho bajo la ley federal a solicitar al gobierno federal que sus familiares en el extranjero se unan a ellos para residir en Estados Unidos”.
“No hay caminos legales para que los extranjeros que carecen de estatus se unan a otros extranjeros que carecen de estatus en el país, y por una buena razón que desafía sentido común”, añaden.
Los estados demandantes alegan, además, que “ninguna nación soberana recompensaría a los que quebrantan la ley permitir que miembros de la familia en el extranjero se unan a ellos para vivir en el territorio soberano ilícitamente, en particular con la ayuda del propio gobierno”.
De qué se trata el CAM
El CAM fue reinstalado el 10 de marzo como parte de la política migratoria de Biden, quien prometió restablecer la política de asilo y tratar a los migrantes de manera “justa” y “humana”.
El programa había sido cerrado en 2017 como parte de la estrategia de mano dura de Trump contra la inmigración indocumentada.
Al reinstalarlo el año pasado, el Departamento de Estado (DOS en inglés) explicó que la nueva fase del programa permite a un mayor número de personas calificadas pedir a sus hijos que se encuentran en Centroamérica.
Hasta antes de la ampliación del programa solo calificaban padres de menores que viven legalmente en Estados Unidos. El nuevo reglamento implementado en julio del año pasado incluyó a:
- Padres titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS)
- Padres en o bajo Libertad Condicional
- Padres con Acción Diferida de Deportación (como DACA)
- Padres con salida forzada diferida
- Padres con retención de deportación
También califican ciertos padres o tutores legales que viven en Estados Unidos y tienen una solicitud de asilo pendiente o una solicitud de visa U pendiente de resolución. En ambos casos, la solicitud del beneficio debe haber sido presentada antes del 15 de mayo de 2021.
El CAM tiene como objetivo aumentar el número de menores de El Salvador, Guatemala y Honduras que se reunifican legalmente con sus familias en Estados Unidos, disminuir la presión en la frontera sur, reducir el riesgo del largo viaje que realizan miles de Menores No Acompañados (UAC en inglés) que abandonan sus países en busca de reunificarse con sus padres en Estados Unidos y establecer un tráfico ordenado de inmigración legal.
Los demandantes advierten que la Constitución exige que el presidente, “así como quienes ejerzan poder en su nombre, “cuiden que las leyes sean fielmente ejecutadas” y solicitan a la corte que derogue el programa.
Información de Univision
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