Un grupo integrado por 85 organizaciones, entre ellos abogados, religiosos y defensores de los derechos de los inmigrantes, ofreció al gobierno de Joe Biden ayudar en la ubicación, repatriación y procesar a casi 1,000 inmigrantes hondureños y salvadoreños que llegaron a la frontera en busca de asilo y fueron deportados a Guatemala bajo el amparo de los denominados Acuerdos Cooperativos de Asilo (ACA).
El programa ACA permaneció activo entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, y formó arte de la política migratoria de tolerancia cero del gobierno de Donald Trump. Se estima que unos 945 solicitantes de asilo de personas originarias de Honduras y El Salvador “fueron privados ilegalmente de su derecho a buscar protección en los Estados Unidos y, en cambio, fueron deportados sumariamente a Guatemala con el pretexto de que se trataba de un “tercer país seguro donde podrían asegurar su protección”, denunció el pasado 9 de julio Human Rights Watch (HRW).
Dos semanas más tarde, la coalición, liderada por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) -que agrupa a unos 15,000 miembros a nivel nacional- le ofrece al gobierno ayuda para repatriar los casos y permitir a cada uno de ellos navegar por el debido proceso, y que sean los jueces de inmigración quienes decidan sus casos en Estados Unidos, como lo establece la ley.
País inseguro
“Guatemala no es de ninguna manera segura para los solicitantes de asilo: el país genera miles de refugiados cada año y continúa sufriendo altos niveles de violencia de pandillas, así como violencia generalizada de género y anti-LGBTQ”, dijo HRW, uno de los grupos que integran la coalición.
Indicó que en ese país centroamericano los migrantes “son especialmente vulnerables a estos peligros y muchos se enfrentan a la persecución de pandillas activas en el norte de Centroamérica”.
También denunció que “el sistema de asilo naciente y estructuralmente defectuoso de Guatemala es totalmente incapaz de brindar protección a estos refugiados. De hecho, ni uno solo de los 945 solicitantes de asilo que Estados Unidos expulsó a Guatemala bajo el programa ACA ha recibido asilo”.
El grupo de derechos humanos citó un comentario dicho por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, que “no hay nada seguro en este supuesto programa de deportación de tercer país seguro”, refiriéndose a ACA.
La oferta
El ofrecimiento de ayuda fue hecho a través de una carta dirigida a los secretados de Estado, DHS y de Justicia, Anthony Blinken, Mayorkas y Merrick Garland, respectivamente. En ella indicaron que AILA se unió a Human Rights Watch, así como a otros defensores y socios, “para pedir medidas de procedimiento para permitir que este pequeño número de familias e individuos (945) puedan regresar y buscar protección en Estados Unidos”.
Algunos ejemplos
Entre los 945 casos identificados hasta ahora, la coalición resaltó tres:
- Josué.Un inmigrante gay que huyó de Honduras en 2019 debido a la persecución homofóbica por parte de la policía y otros. Josué solicitó asilo en la frontera sur de Estados Unidos, pero fue trasladado a Guatemala, incluso después de que describió a los agentes del DHS los peligros que enfrentaría como hombre gay. Días después de su traslado a Guatemala, Josué escapó por poco de un ataque homofóbico. El inmigrante huyó a México donde fue perseguido por las autoridades migratorias mexicanas.
- Isai: también gay, huyó de El Salvador luego de ser perseguido por su sexualidad. Cuando pasó por Guatemala fue expuesto a insultos homofóbicos. El inmigrante buscó asilo en la frontera de Estados Unidos y dijo a los oficiales del DHS que no estaría seguro en Guatemala, pero de todas formas fue deportado a ese país. Una vez en Guatemala, Isai intentó aplicar para obtener asilo, pero los funcionarios locales le dijeron que el país no es seguro para los homosexuales. Él luego fue escoltado a la frontera entre Guatemala y México y le aconsejaron que viviera en México. En México Isai sufrió más abusos debido a su sexualidad.
- Elena y su pequeña hija (que ahora tiene solo nueve años). Ambas huyeron de Honduras para escapar de la pandilla que asesinó a su compañero. Aunque Elena les dijo a los funcionarios del DHS que aún estarían en peligro si fueran enviados a Guatemala, fueron removidos bajo ACA. Después de la deportación de ella y su hija a Guatemala, Elena se sintió insegura y, sin una red de apoyo, no tuvieron más remedio que aceptar el transporte de regreso a Honduras, donde vivían escondidos de los asesinos de su pareja.
Información de Univisión.
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