la administración de Joe Biden defendió enérgicamente una orden de emergencia de la era de Donald Trump que las autoridades fronterizas de EE.UU. han utilizado para expulsar a cientos de miles de inmigrantes indocumentados sin examinarlos para solicitar asilo, argumentando que esa política migratoria sin precedentes aún es necesaria para controlar la propagación del coronavirus, según CBS News.
Sharon Swingle, abogada del Departamento de Justicia que representa a la administración durante una audiencia de casi dos horas ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C., dijo que la política de expulsión de inmigrantes, conocida como Título 42, tiene sus raíces en la “pericia científica”. Swingle advirtió que su terminación repentina podría aumentar la transmisión del coronavirus dentro de las instalaciones de la Patrulla Fronteriza y representar un “grave peligro” para la salud pública.
Swingle calificó la posibilidad de que la corte requiera que el gobierno procese a todos los inmigrantes, particularmente a los adultos solteros, bajo los procedimientos regulares de inmigración como un “espectro alarmante”.
“El objetivo del gobierno es volver a un estado de procesamiento de inmigración ordenado para todos, pero actualmente, en opinión de los CDC, las realidades de salud pública no lo permiten”, dijo Swingle, quien también citó la rápida propagación reciente de la variante Ómicron.
Promulgado por primera vez en marzo de 2020, la administración de Biden extendió el Título 42 indefinidamente el verano pasado.
Bajo la presidencia de Biden, el gobierno ha llevado a cabo más de 1 millón de expulsiones citando esa legislación, que anteriormente solo se había invocado de manera limitada en 1929. La administración Trump llevó a cabo 400,000 expulsiones.
Los argumentos orales que se llevaron a cabo el miércoles ofrecieron una rara visión pública de la intensificación de la lucha legal y política por las expulsiones del Título 42, que han dividido a funcionarios designados por Biden y han enfurecido a defensores progresistas, grupos de derechos humanos y expertos en salud pública.
El caso se deriva de una demanda de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) que argumenta que el Título 42 viola varias leyes, incluidas las que permiten a los inmigrantes buscar refugio en Estados Unidos.
Los jueces de circuito de EE. UU. Sri Srinivasan, Robert Wilkins y Justin Walker aún tienen que determinar si confirman o no una orden de un tribunal inferior que concluyó que el Título 42 es probablemente ilegal.
Los funcionarios estadounidenses confiaron en las órdenes de los CDC de la era Trump para hacer cumplir el Título 42 hasta agosto de 2021, cuando la administración Biden emitió su propia directiva, que pedía revisiones internas cada 60 días.
Después de dos revisiones el otoño pasado, los CDC decidieron mantener la política.
La próxima evaluación vence a fines de este mes, dijo un portavoz de los CDC a CBS News el miércoles. A pesar de las múltiples solicitudes, los CDC no han compartido evaluaciones por escrito de las decisiones, ni datos, evidencia o análisis subyacentes de salud pública.
Tanto la administración de Trump como la de Biden han argumentado que el Título 42 reemplaza las leyes de inmigración y permite que el gobierno suspenda el procesamiento de asilo durante una emergencia de salud pública.
Información de La Opinión
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